Grave desgobierno en el Conselh Generau d’Aran

Tampoco ha aceptado este gobierno una petición formal para que la Diputación de Lleida destine recursos para nuestro deporte de invierno. Esta propuesta se produce después de que el ente provincial haya destinado 40.000 euros a la candidatura olímpica de Barcelona, que, además, ha excluido a Aran de su proyecto, pese a las vanas promesas lanzadas en su día por el síndic Barrera para cuando los astros electorales se armonizaran entre sí (gobiernos del Conselh, Diputación, Barcelona y Generalitat, todos en manos de CiU).

Sin duda, han tenido que aceptar nuestra segunda moción para defender una solución viable al cierre abrupto de la Residencia de Les, pero ahora ya sólo se nos ha prometido una nueva negociación después de un año repleto de débiles expectativas para reabrir el centro, que hoy se han concretado en nada.

Tampoco se nos han dado explicaciones convincentes por el cese del vicesíndico segundo, que, sin embargo, mantiene su sueldo público a cargo del Conselh Generau, en un acto, como mínimo, incongruente con la reducción de los presupuestos del autogobierno en todos sus servicios y competencias.

Para más INRI, CDA prevé contratar, con un sueldo de 25.000 euros, a un inspector, nos tememos que político, para controlar el servicio del transporte público al margen de la estructura del Conselh. Creemos que esta figura es totalmente innecesaria cuando la propia institución cuenta con suficiente personal cualificado para llevar a cabo esta función, y las nuevas tecnologías permiten conocer con mayor exactitud la frecuencia y los horarios de paso de cada bus.

Pero, quizá, lo más grave sucedido en el último pleno es que el propio Gobierno del país ha manifestado ignorar el decreto de la Generalitat para constituir una Academia del Occitano, que lamina la letra y el espíritu del Institut d’Estudis Aranesi como organismo público independiente para regular nuestra lengua propia, el aranés, en clara contradicción con la misma Ley del occitano, aranés en Aran.

La publicación de esta propuesta al margen del Conselh y del IEA constituye un claro menosprecio al pueblo aranés, que debería ser retirada inmediatamente, porque además de otorgarse la potestad de regular el occitano referencial, una competencia que va más allá de su ámbito territorial, diluye tanto la independencia académica del organismo aranés como su personalidad propia.

De hecho, el decreto prevé que los miembros de esta academia sean elegidos directamente por los gobiernos del Conselh (hasta 11) y de la Generalitat (hasta 10). Además, deja claro, en su artículo 3, que el IEA será la institución encargada de establecer y actualizar la normativa lingüística “en las variedades aranesa y el occitano referencial”.

Nos tememos también que este desconocimiento se deba principalmente a que la negociación la ha llevado a cabo el mismo jefe de Política Lingüística a espaldas de su Gobierno y en contra de las decisiones adoptadas por el Pleno de la máxima institución en materia de política lingüística. Si se demuestra cierto, este responsable debería ser destituido de manera fulminante por el síndic, aunque, vistos los antecedentes, sólo cabe esperar, muy a nuestro pesar, que el desgobierno y la improvisación sigan su curso imparable en unos momentos muy delicados para el conjunto de los ciudadanos. Aran se merecía un gobierno mejor.

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